Reconocimiento constitucional para los afroperuanos. Una mirada comparada desde los países andinos

Publicado en Dcimarrón N°8

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Por Cristina Echeverri-Pineda (Colombia).

Cristina Echeverri PinedaDesde 2014 se oficializó que junio de cada año sería el mes de la cultura afroperuana. Estas celebraciones son un espacio para fomentar la visibilidad y el reconocimiento de la población y la cultura afroperuana en la construcción de la nación en el país andino. Estas celebraciones, además, son un espacio que permite debatir la importancia del reconocimiento constitucional para las poblaciones afrolatinoamericanas y particularmente en el Perú. Así, en este texto pretendo reflexionar sobre el reconocimiento constitucional para afrodescendientes en los países de la región andina y, a partir de allí, resaltar que dicho reconocimiento permitiría a los afroperuanos herramientas jurídicas para seguir luchando por sus derechos. Además, resalto el papel crucial de la movilización social para lograr el reconocimiento constitucional y la aplicación de los principios constitucionales en favor de las poblaciones afrolatinoamericanas.

En América Latina, a lo largo de la historia, las constituciones han dado cuenta de las dinámicas políticas y, a su vez, han sido una hoja de ruta respecto a nuestros proyectos como sociedad. Por eso, en nuestros países es muy importante lo que allí queda consignado. En ese panorama, y desde finales de la década de los ochenta, América Latina en general y de manera notable en la región andina (Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia), se dieron cambios constitucionales inscritos en normativas multiculturales que valoran y tramitan legalmente la diferencia étnica y cultural. En este contexto de cambio constitucional, los cinco países del área andina escribieron nuevas constituciones donde establecieron el derecho constitucional a la diversidad étnica, creando derechos especiales para comunidades indígenas y en algunos casos para poblaciones afrodescendientes. Todos los países andinos privilegiaron el reconocimiento constitucional indígena en la redacción de sus nuevas Cartas Magnas, y sólo hubo incorporación constitucional para afrodescendientes en Colombia (1991), Ecuador (1998 y 2008) y Bolivia (2009). 

Aunque no hay reconocimiento constitucional para afrodescendientes en todos los países de la región, en los cinco casos se han promulgado leyes y políticas públicas favorables a esta población, especialmente en los años posteriores a los cambios constitucionales, y en ese sentido, se observan procesos de inclusión estatal para afrodescendientes en dichos países, o en otras palabras, cambios en las reglas del juego político, enfocadas en grupos étnicos y en este caso en poblaciones afrodescendientes.

En mi investigación para la tesis doctoral pude evidenciar que en aquellos países donde se presentó el reconocimiento constitucional, los mandatos constitucionales han ofrecido un marco jurídico de referencia y una hoja de ruta que guía las interacciones entre el Estado y las poblaciones afrodescendientes para la implementación de la constitución y para el diseño de leyes y políticas públicas relacionadas con estas poblaciones. Además, en estos casos las demandas de implementación de la constitución han sido una de las estrategias de los movimientos sociales para reclamar un tratamiento estatal diferenciado como sucede en Colombia, Ecuador y Bolivia. En ese panorama resalta el caso de Bolivia, un país donde la población afroboliviana es una minoría y la visibilidad pública de estas poblaciones es reciente, incluso comparado con los demás países andinos; sin embargo, han tenido importantes logros políticos como haber obtenido participación política especial, lo cual es producto, precisamente, de los logros alcanzados en la nueva constitución.

Así, en los casos de Colombia, Ecuador y Bolivia el reconocimiento constitucional ha significado para las poblaciones afrodescendientes documentos políticos fundacionales y un referente para mejorar su condiciones políticas y sociales. Por lo cual, las normas consagradas no son consideradas meras formulaciones retóricas y jurídicas, sino que se busca que tengan efectos fácticos e inmediatos. Es decir, el reconocimiento constitucional importa y ofrece un marco de referencia, pero la lucha política por la inclusión estatal no se reduce al contenido de la Carta Magna sino que continúa más allá del contenido de la constitución. 

Si bien el constitucionalismo de la diversidad ha jugado un rol importante en posicionar estos temas tanto a nivel internacional como nacional, y ha ayudado a potenciar la movilización social y la apertura estatal para tramitar estos temas, las constituciones no son suficientes para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afrodescendientes. Antes bien, tanto el reconocimiento constitucional y la inclusión estatal han estado antecedidas por intensas movilizaciones sociales demandando que se cumplan las normas internacionales y los principios constitucionales.

Ello implica que la movilización de organizaciones afrodescendientes en particular, y de la sociedad en general, es un factor de suma importancia en estos procesos de reivindicaciones políticas y sociales en el marco de los derechos constitucionales. A su vez, estas movilizaciones son importantes después de la promulgación de la constitución y para presionar el desarrollo de políticas públicas diferenciadas por parte de los Estados y los gobiernos latinoamericanos. Es decir, las diferentes estrategias de movilización social son un factor muy importante en los reclamos por el reconocimiento constitucional, las cuales deben seguir activas e incluso fortalecerse para implementar los postulados constitucionales y las normativas internacionales.

No obstante, la movilización social no es suficiente para lograr el reconocimiento constitucional o la inclusión estatal, antes bien, estos actores sociales deben encontrar una contraparte en el Estado que permita incluir estos temas en la agenda estatal. Ejemplo de ello es que, para el reconocimiento constitucional de afrodescendientes en los cambios constitucionales de la década de los noventa en los países andinos, se requirió unos cambios constitucionales que permitieran la participación de diferentes agendas y actores y políticos. En esos casos los movimientos afrodescendientes hicieron partes de los constituyentes, pudieron establecer alianzas con actores dentro de las asambleas constitucionales o desplegar estrategias de movilización para llegar a los asambleístas y finalmente ser incluidos en la constitución. Es decir, el reconocimiento constitucional en estos países se logró debido a la negociación e interacción entre actores sociales y los actores políticos participantes en el cambio constitucional, dicha dinámica de participación y negociación en el cambio constitucional se ha mantenido en los procesos posteriores de implementación de las constituciones.

La reflexión anterior sobre el papel de la movilización social y la articulación de actores sociales con la institucionalidad estatal implica que el reconocimiento constitucional y la inclusión estatal para poblaciones afrodescendientes requiere articulación entre el Estado y la sociedad. Además, implica tener en cuenta que el Estado y la nación no se construyen solamente desde unas elites letradas que indican el camino a seguir, sino que diversos actores participan en esos procesos. El reconocimiento constitucional, entonces, es un paso hacia la construcción de acuerdos políticos amplios que sean el reflejo de los diversos actores que componen la sociedad.

La reflexión anterior evidencia dos puntos para tener en cuenta sobre la importancia de la inclusión constitucional para afroperuanos: el reconocimiento constitucional permitiría resaltar el papel de las poblaciones afroperuanas en los procesos de formación del Estado-nación en el Perú y les ofrecería herramientas a estas poblaciones para que sigan demando mejores condiciones de vida y la no discriminación. 

De todas formas, la movilización social es un factor diferenciador tanto en las demandas por la inclusión en la constitución como en los procesos de implementación de esta. Incluso después del reconocimiento constitucional, es necesario que las poblaciones estén vigilantes de los procesos políticos e interactúen y dialoguen constantemente con la institucionalidad estatal y los funcionarios que la representan. De lo contrario, los postulados constitucionales corren el riesgo de convertirse en letra muerta.

Breve reseña personal

Historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y doctora en Ciencia Política de la misma Universidad. Me desempeño como profesora asistente en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Mis investigaciones se han concentrado en las áreas de formación de Estado en América Latina, movimientos sociales y democracia desde una perspectiva comparada; específicamente, he investigado la participación de las poblaciones afrodescendientes en los cambios constitucionales y en la formación de Estado en la región andina (Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Perú) en las últimas décadas. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000820890

https://scholar.google.com/citations?user=bMY5P0UAAAAJ&hl=es

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