Miércoles, 28 Octubre 2020

logo para cedet                                     Año 2020. Edición N° 10

TEMA: Deudas de igualdad y el impacto en mujeres afrodescendientes

POLÍTICA

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Valorizando todas las sangres: la importancia de incluir a los afroperuanos en la Constitución

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Por John Thomas III (Estados Unidos).

A medida que Perú avanza hacia su Bicentenario, se reflexiona mucho sobre cómo ha evolucionado la identidad de la nación peruana desde su liberación por el general San Martín en 1821. Los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos han estado presentes desde los albores del país, abrazándose abiertamente y aceptando la rica diversidad de la nación peruana, sin embargo el logro de la identidad sigue siendo un esfuerzo complejo y continuo. El mismo país donde nace el sol inca y el río Amazonas continúa con altos niveles de desigualdad y pobreza en la sierra y la selva. El mismo lugar donde nació el toro mata y el cajón continúa lidiando con el legado palpable de la esclavitud y el racismo estructural.

A medida que el Estado peruano se mueve para elevar tangiblemente y abrazar su diversidad, se une a una clara tendencia en América Latina de alejarse de las ideas de mestizaje y de una ciudadanía homogénea para celebrar la rica herencia pluricultural de las naciones en un intento por deshacer siglos de invisibilidad y discriminación. Las políticas van desde hacer reconocimientos simbólicos a través de días nacionales de conmemoración hasta programas de acción afirmativa para estudiantes y empleo (Rangel, 2016).

Este momento también es parte de un cambio más amplio en los regímenes legales y constituciones latinoamericanos desde la década de 1990 a medida que las democracias se reafirmaron después de períodos de dictaduras y se vio la necesidad de garantías claras para los derechos humanos (Nolte y Schilling-Vacaflor, 2012). La región andina ha sido especialmente activa en este sentido con Colombia (1991), Ecuador (1998 y 2008) y Bolivia (2008) adoptando medidas constitucionales a favor de los pueblos afrodescendientes existentes en la región. En los tres países, estas medidas se vincularon aún más a leyes que hacen referencia a los derechos y políticas específicos para los afrodescendientes. Los activistas han abogado por el reconocimiento constitucional de que al estar explícitamente incluidos en la "Carta Magna" de sus repúblicas, tendrán bases más sólidas para defender las políticas públicas y los cambios sociales necesarios para deshacer el legado del racismo estructural. Estos cambios fueron posibles debido a las alianzas entre activistas negros y otros actores durante las convenciones constitucionales (Echeverri-Pineda, 2018).

Entonces, ¿qué hay del Perú? Mientras sus vecinos volvían a revisar sus constituciones y sus ideas de ciudadanía, Perú estaba bajo el régimen de Fujimori con los efectos de su antiinstitucionalismo y la falta de respeto por el estado de derecho. La Constitución de 1993 promulgada al comienzo de la época de Fujimori incluye: "El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación" (Artículo 2, 19). La Constitución también incluye referencias a lenguas indígenas (Artículo 2), tierras indígenas (Artículo 89) y la jurisdicción de autoridades tradicionales (Artículos 149 y 191). Por esta razón y como mucho ha cambiado en los últimos 20 años los activistas afroperuanos han articulado la necesidad de que la Constitución haga referencia clara al pueblo afroperuano.

Como señala Echeverri-Pineda (2018), la mayoría de los reconocimientos constitucionales logrados por los afrodescendientes en los Andes han tenido lugar durante convenciones constitucionales más amplias. En ausencia de una convención constitucional, la reforma debe venir a través del Congreso. Tres veces se ha intentado el reconocimiento constitucional, y tres veces sin éxito. El intento más reciente había salido de los comités del Congreso y se dirigía hacia el pleno, pero no se confirmó a causa de la disolución del Congreso el año pasado.

Ha habido argumentos de que los afroperuanos no merecen ser reconocidos como un "pueblo" porque no son culturalmente distintos, no tienen idioma ni tierra ancestral. Esta posición se basa en un esencialismo antropológico que no se aplica a los afrodescendientes y los hace no menos dignos de reconocimiento y protección específicos (Del Popolo, 2020). Entre los instrumentos jurídicos de la Comunidad Andina, la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas (y sus agencias), se ha establecido una base jurídica, moral y ética clara para el reconocimiento de los afroperuanos.

La verdadera pregunta es: "¿Pasarán 200 años más antes de que Perú abrace a Todas las Sangres en la ley fundamental de la tierra?".

Fuentes

Constitución Política del Perú. (1993). Oficialía Mayor del Congreso Dirección General Parlamentaria Departamento de Relatoría, Agenda y Actas.

Del Popolo, F. (2019). La inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los censos de población y vivienda: Avances y desafíos para la ronda 2020. In CEPAL & ONU, Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda: Desafíos para la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020 (pp. 303–332). CEPAL. 

Echeverri-Pineda, C. (2018). Reconocimiento constitucional para afrodescendientes en la región andina: Movilización social y cambio constitucional. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 13(1), 47–71. 

Nolte, Detlef, & Schilling-Vacaflor, Almut (2012). The times they are a changin: Constitutional transformations in Latin America since the 1990s. In Detlef. Nolte & Almut. Schilling-Vacaflor, New constitutionalism in Latin America: Promises and practices. Ashgate Pub.

Valuing “Today las Sangres”: the importance of including Afro-Peruvians in the Constitution

As Peru moves towards its bicentennial, there is much reflection on how the identity of the Peruvian nation has evolved since San Martín’s liberation in 1821. While Andean, Amazonian and Afro-Peruvian people have been present since the dawn of the country, openly embracing and accepting the rich diversity of the Peruvian people continues to be a complex and ongoing endeavor. The same country that basks in the Incan sun and the Amazon river continues with high levels of inequality and poverty in the highland and jungle areas. The same place that birthed tora mata and the cajón continues to grapple with the palpable legacy of slavery and discrimination. 

As the Peruvian state moves to tangibly uplift and embrace its diversity, it joins a clear trend in Latin America to shift away from the ideas of mestizaje and a single homogenous citizenship to celebrating the rich pluricultural heritage of nations in attempt to undo centuries of invisibility and discrimination. The policies range from being symbolic recognitions through national days of commemoration to affirmative action programs for students and employment (Rangel,2016). 

This moment is also part of a broader shift in Latin American legal regimes and constitutions since the 1990s as democracies reasserted themselves after periods of dictatorships and the need for clear guarantees for human rights was seen (Nolte and Schilling-Vacaflor, 2012). The Andean region has especially been active in this regard with Colombia (1991), Ecuador (1998 and 2008) and Bolivia (2008) adopting constitutional measures to highlight and amplify the existing Afrodescendant populations in the region. In all three countries, these measures were further linked to laws specifically referencing the specific rights and policies for Afrodescendants. Activists have advocated for constitutional recognition that by being explicitly included in the “Magna Carta” of their republics that they will have stronger foundations to make arguments for the public policies and societal changes needed to undo the legacy of structural racism. These changes were made possible due to alliances between Black activists and other actors during constitutional conventions (Echeverri-Pineda, 2018) 

So, what of Perú? While its neighbors were revisiting their Magna Cartas and ideas of citizenship, Peru was under the Fujimori regime with the impacts of its anti-institutionalism and lack of respect for the rule of law. The 1993 Constitution promulgated at the beginning of Fujimori’s tenure includes, “The state recognizes and protects the ethnic plurality of the nation.” (Article 2, 19). The Constitution also includes references to indigenous languages (Article 2, 19), land (Article 89) and traditional authorities (Articles 149 and 191). Yet, much has changed in the last 20 years and Afro-Peruvian activists have articulated the need for the Constitution to clearly reference the Afro-Peruvian people

As Echeverri-Pineda (2018) notes, most of the Constitutional recognitions achieved by afrodescendants in the Andes have taken place during broader Constitutional Conventions. In the absence of a Constitutional Convention, reform must come through Congress. Three times Black activists have tried for constitutional recognition—and three times with no success. The most recent attempt had made it our of Congressional committees and was heading towards full debate before the Congress’s dissolution in 2019.

There have been arguments that Afro-Peruvians do not deserve recognition as a “people” because they are not culturally distinct, have no language and ancestral land. This position is based in an anthropological essentialism that does not apply to afrodescendants and renders them no less worthy of specific recognition and protection (Del Popolo, 2020). Between legal instruments of the Andean Community, the Organization of American States, and the United Nations (and its agencies), a clear legal, moral, and ethical groundwork has been laid for the recognition of Afro-Peruvians.

The true question is, “Will 200 more years pass before Peru embraces Todas las Sangres in the foundational law of the land?”

Sources

Constitución Política del Perú. (1993). Oficialía Mayor del Congreso Dirección General Parlamentaria Departamento de Relatoría, Agenda y Actas

Del Popolo, F. (2019). La inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los censos de población y vivienda: Avances y desafíos para la ronda 2020. In CEPAL & ONU, Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda: Desafíos para la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020 (pp. 303–332). CEPAL. 

Echeverri-Pineda, C. (2018). Reconocimiento constitucional para afrodescendientes en la región andina: Movilización social y cambio constitucional. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 13(1), 47–71. 

Nolte, Detlef, & Schilling-Vacaflor, Almut (2012). The times they are a changin: Constitutional transformations in Latin America since the 1990s. In Detlef. Nolte & Almut. Schilling-Vacaflor, New constitutionalism in Latin America: Promises and practices. Ashgate Pub.

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¿Por qué se niega del carácter de pueblo a los afrodescendientes de las Américas?, siendo que lo son como tal.

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Por John Antón Sánchez (Ecuador)

Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN

Resumen

Jhon AntónEl artículo sustenta la necesidad de que se le reconozca el carácter de pueblo a los afrodescendientes de acuerdo con el derecho internacional. Debate que más allá de razones de negación de dicho carácter dado el desconocimiento de la realidad antropológica de los afrodescendientes como una realidad cultural originaria de las Américas. La clave es concentrarse en las atribuciones que desde los instrumentos internacionales de derechos humanos existen para que una comunidad o grupo cultural sea considerado pueblo tribal o pueblo indígena. El texto reafirma que existe suficiente jurisprudencia para que las Naciones Unidas y los países, como Perú, refrenden tal reconocimiento.

Palabras claves: 

Pueblo, afrodescendencia, indígenas, Convenio 169 OIT, pueblos originarios.

Introducción

Introducción

Transcurren cinco años del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024  cuyos objetivos son justicia, reconocimiento y desarrollo. Pese a las demandas del movomiento social, aún las Naciones Unidas no reconoce el estatus de pueblo a los afrodescendientes, como sujetos de derecho internacional en el mismo sentido que a los pueblos indígenas. Este silencio es preocupante, pues en el mismo plan de acción del Decenio se habla de la aprobación de una declaración de derechos de los afrodescendientes. La pregunta es: ¿declaracion de derechos en qué sentido?, ¿cómo personas, sujetos individuales, poblaciones, comunidades, pueblo? La pista para este interrogante sería examinar el contenido de la recomendación general 34 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial CERD 2011 relativa a que los afrodescendientes tienen el “derecho a ejercer, sin discriminación alguna, individual o colectivamente con otros miembros del grupo, según proceda, derechos concretos” (CERD, 2011, 1).

El anuncio de las Naciones Unidas de aprobar una declaración de derechos a los afrodescedientes, se hace en medio de una coyuntura donde algunos países han realizado dicho reconocimiento mediante reformas constitucionales o expedición de leyes específicas. Además, desde décadas atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dio tal reconocimiento a las comunidades afrodescendientes de saramakas de Surinam y a los garífunas de Honduras. (Corte Interamerica de Justicia, 2007) Adicional, la Organización Internacional del Trabajo se ha pronunciado a favor de las comunidades negras del Jiguamiandó y Curbaradó por la aplicabilidad del Convenio 169 y las reconoce como “tribales”, en el mismo sentido en que luego se pronunciará la Corte Constiticional de Colombia, cuando sentencia que en efecto las comunidades negras de dicho país son consideradas “pueblos tribales”. (OIT, 2009)

Este documento sustenta la necesidad del reconocimiento de pueblo en los afrodescendientes. Para ello repasa las razones por las cuales se niega dicha posibilidad, examina la ambigüedad del concepto de pueblo indígena, se pregunta sí los afrodescendientes son un pueblo indígena y presenta argumentos para que desde el derecho internacional se les reconozca como tal.

Texto completo aquí.

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Población Afrodescendientes: Covid-19 y Racismo

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Por Gustavo Adolfo Lugo Vallecilla (Colombia).

LUGO1La pandemia del COVID-19 viene afectando de manera desproporcionada a la población afrodescendiente en los Estados Unidos y América Latina producto de las desigualdades raciales acumuladas heredadas del colonialismo y de la institución de la esclavitud. Las cuales han estado enmarcadas en la discriminación racial estructural y sistémica de nuestras sociedades, que llevan a las poblaciones afrodescendientes a ser tratadas como ciudadanos de segunda clase, profundizando la pobreza y las inequidades históricas a las que han sido sometidos millones de afrodescendientes en la región.

Los reportes desagregados por etnia y raza del COVID-19 en la región, tan solo son reportados por Estados Unidos, Brasil y Colombia. En ese sentido, en Estados Unidos el 22,2% de las víctimas por coronavirus son afroamericanos según datos publicados por la Casa Blanca, mientras que la tasa de letalidad es del doble que en el resto de la población; para Brasil según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud que incluye la variable étnica racial, el número de personas negras que murieron por covid-19 se multiplicó por cinco del 11 al 26 de abril al pasar de 180 a más de 930 casos.

Para Colombia, según el Instituto Nacional de Salud a corte del 24 de junio, de un total de 77.113 contagios, las autoridades sanitarias confirmaron que 3,793 se localizan en la población afrodescendiente, lo que representa un 4,92% de los casos totales del país. Por lo tanto, las personas más afectadas de esta población están entre los 20 y los 60 años, las cuales son las que registran los mayores casos confirmados y tiene un 20% más de probabilidad de contraer el virus por sus condiciones de vulnerabilidad.

En este contexto, estos países coinciden en tener un alto porcentaje de población afrodescendiente; de los 327.352.000 millones de habitantes en los Estados Unidos, la población afroamericana representan el 12,5% es decir, 40.919.000 millones de habitantes, mientras en Brasil la población Afrobrasilera representa el el 50,9 %, es decir 96.800.00 habitantes y Colombia según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  DANE, 2018 la población afrocolombiana representa 9,34% es decir 4.671.160 habitantes.

Además, las condiciones de vida de esta población en estos países tienen gran similitud, Por ejemplo, la población afroamericana tiene el doble de probabilidad de vivir en pobreza, las familias afroamericanas ganan poco más que la mitad de lo 

que ingresan las familias blancas y en términos de patrimonio neto, los hogares blancos son por lo menos 10 veces más ricos que los de los afroamericanos, de acuerdo a las estadísticas de 2017 de la Reserva Federal.

En Brasil la población Afrobrasilera representan el 63,7% del total de los desempleados y ganan en promedio un 29% menos que los blancos, Las estadísticas demuestran también la desigualdad en el mundo empresarial: los hombres negros ocupan tan solo el 4,7 % de los cargos ejecutivos y el 6,5 % de los puestos de gerencia, mientras las mujeres negras solo ocupan el 0,4 % de los cargos ejecutivos señala un estudio del instituto Ethos (2016), realizado entre las 500 mayores empresas de Brasil.

En Colombia el trabajo informal de la población afrodescendiente es del 81% casi diez puntos por encima del promedio nacional (72%), que junto con el bajo logro educativo que se registra de 51.6% frente al 43.8% nacional; así como la diferencia superior en 1.3% de la inasistencia escolar nacional que para esta población es del 4.6%, y el analfabetismo, con un 4.2% por encima del promedio nacional siendo para la población afrodescendiente del 14.3%, nos aportan datos que siguen marcando la diferencia significativa entre los grupos poblacionales del país, en indicadores que determinan la pobreza multidimensional de los colombianos (Encuesta de Calidad de Vida ECV,  2018). 

Finalmente, este contexto muestra los desafíos en la implementación del enfoque diferencial, la lucha contra el racismo y la ejecución de programas de acciones afirmativas, que contribuyan a la atención inmediata en salud y en estrategias sociales, que respondan a las características culturales diferenciadas para evitar el contagio masivo y la expansión del virus en sus territorios. Por ello, es clave fomentar la participación social y las alianzas con sus organizaciones, asegurando la representatividad de las mujeres, los hombres, los adolescentes y jóvenes en relación con el desarrollo de acciones en el marco de la COVID-19. Así mismo, el Gobierno nacional y local deben impulsar espacios de diálogo, no solo para abordar los efectos de la COVID-19 de forma puntual, sino también para abordar la postpandemia, donde habrá que incidir en la recuperación económica y social de la población.

La conversación está abierta, conversemos Colombia.


1Elaborado por: Gustavo Adolfo Lugo Vallecilla, Magister en Gestión y Evaluación de Proyectos, Especialista en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de Desarrollo, Economista y Licenciado en Educación. Actualmente es Consejero Nacional de Planeación en representación de la Población Negra, Afrocolombiana y Palenquera/ Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Referencias 

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De la negritud a la etnización afroperuana

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La racialización de las identidades políticas

Por Vanessa Verástegui (Perú).

Resumen

Vanesa VerasteguiLa etnicización de las organizaciones afroperuanas se origina en la “Conferencia Mundial Contra el Racismo, Discriminación, Xenofobia y otras formas de Intolerancia”, en Durban (Sudáfrica 2001). Desde entonces, las organizaciones afroperuanas se reconocen como “afrodescendientes”, adscripción construida por los mismos autores (desde adentro) frente a la categoría racial “negro” (desde afuera) impuesta desde la colonia que, Aníbal Quijano, señaló como un sistema de racialización europea para denominar a los esclavos procedentes de África y los indígenas colonizados en América. 

Es en la Declaración y en el Plan de Acción de Durban en donde ser reconoció al racismo y la discriminación contra los afrodescendientes como producto de la esclavitud histórica colonial.  Desde entonces, el movimiento organizativo afroperuano gestado en los años setenta se fragmentó en diversas ONG que trataron de articular un discurso reivindicativo en aras de revertir las condiciones de racismo; y exigir al Estado peruano la implementación de acciones afirmativas en pos de una ciudadanía equitativa.

Luego de 19 años desde que surgiera en la escena política la categoría de afrodescendiente en el Perú a partir de Durban (Sudáfrica, 2001), no se pueden negar los avances en la visibilización de la población afroperuana en términos de políticas públicas como la creación de la Dirección de Políticas para la Población Afroperuana del Viceministerio de Interculturalidad (Ministerio de Cultura) e investigaciones sobre discriminación, pobreza, educación, salud, trabajo, identidad promoviendo el debate sobre la existencia del actual colectivo afroperuano como movimiento social. E incluso, se han desarrollado eventos temáticos culturales temas no antes hablados en nuestro país sobre la estética y el feminismo negro.

Otro logro es la inclusión de la variable de autodescripción étnica en el último censo XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (2017) luego de ciento setenta siete años en ocho subcategorías, negro, zambo, mulato, moreno, afroperuano; blanco, mestizo u otro. La ausencia de la variable étnica desde 1940 contribuyó a la exacerbación del racismo silencioso impidiendo la construcción de nuestro país como nación y en la implementación de políticas públicas a favor de un Estado pluricultural más equitativo. La discriminación se manifiesta en diferentes esferas a nivel nacional, en lo político, social, económico y en lo cotidiano. 

La adopción de la categoría afrodescendiente o afroperuano ha dado como resultado la construcción de identidades políticas racializadas las cuales divergen de otras autodefiniciones o autopercepciones subjetivas en otras localidades de comunidades descendientes de esclavos africanos como al norte (Yapatera, en Piura o Zaña, en Lambayeque) del país. Eso puede plantearnos la interrogante si es que las identidades colectivas necesariamente deben ser excluyentes de las identidades individuales.

Texto completo.

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Proceso de conformación e identificación del centro poblado Capote como comunidad afroperuana

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Por Roberto Carlos Jaramillo Ramos (Perú).
Por Maykol Jaramillo Ramos (Perú).

  1. INTRODUCCIÓN

jaramilloEl presente documento describe el proceso de conformación e identificación del centro poblado Capote como comunidad afroperuana originaria desde la época colonial. Indicamos que la presencia afrodescendiente o los primeros ancestros de la actual población afroperuana llegaron a nuestro territorio como sujetos víctimas de la esclavitud y de la esclavización. El presente trabajo involucró el análisis y la reflexión sobre la importancia social de nuestra comunidad, empezando el trabajo de recojo de información en campo, el material bibliográfico, en concordancia con las normas internacionales y nacionales; todo desde aproximadamente el año 2008. Como resultado, “porque aún no es el final”, se identifican varios elementos históricos y culturales pertenecientes al patrimonio cultural inmaterial de los pueblos originarios que se transmiten de generación a generación; encontrándose asentada esta comunidad en una zona rural agrícola en el centro de las tres provincias de la región Lambayeque a la que pertenece el distrito de Picsi. 

Maykol Jaramillo RamosEl objetivo fue sistematizar la información y organizarla en gabinete, con información primaria, a fin de alimentar la investigación para la identificación de pueblo o comunidad afroperuana, para su reconocimiento, desarrollo, y respeto de sus derechos individuales y colectivos.El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado en 1989 por la conferencia internacional del trabajo y que entró en vigencia el 5 de septiembre de 1991 (aprobado en el Perú por el congreso constituyente democrático mediante resolución legislativa N° 26253 del 2.12.1993), es el instrumento normativo supranacional que otorga a los afrodescedientes la cualidad y capacidad de pueblo al considerar su aplicación.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado en 1989 por la conferencia internacional del trabajo y que entró en vigencia el 5 de septiembre de 1991 (aprobado en el Perú por el congreso constituyente democrático mediante resolución legislativa N° 26253 del 2.12.1993), es el instrumento normativo supranacional que otorga a los afrodescedientes la cualidad y capacidad de pueblo al considerar su aplicación.


Art.1.- a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; 1.2 . La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio; y art.5. Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente (…).

Texto completo aquí.

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